La cadena de producción del carbón
El Complejo Termoeléctrico Jorge Lacerda (CTJL) es la punta de una cadena productiva que mueve 6 mil millones de reales al año en la economía de Santa Catarina, generando cerca de 21 mil empleos directos e indirectos e impactando en la vida de 100 mil personas.
Todas estas cifras se refieren a las actividades mineras (minas de carbón), el transporte (ferrocarril Tereza Cristina), la industria cementera, la industria de maquinaria y equipos mineros, la producción de energía (CTJL) y los servicios diversos. Son 15 los municipios del sur de Santa Catarina implicados y directamente beneficiados por la cadena de producción de energía.
Revisiones de unidades
CTJL es responsable del 21% de la energía necesaria para abastecer al estado de Santa Catarina.
Con el objetivo de alcanzar la excelencia en la gestión del mantenimiento de las siete unidades generadoras del Complejo, todos los años se realizan importantes paradas en el funcionamiento de las máquinas, denominadas «Unit Overhauls».
El objetivo es llevar a cabo actividades de mantenimiento en las plantas, actuando de forma preventiva, invirtiendo en equipos y sistemas, con vistas a mejorar la eficiencia de las unidades, mejorar los indicadores medioambientales, sustituir sistemas obsoletos, cumplir las peticiones de las compañías de seguros y ampliar la vida útil de algunos equipos vitales para la planta.
Para realizar las revisiones a tiempo y con la calidad requerida, además del personal de Diamante se crean unos 1.000 puestos de trabajo directos a través de empresas asociadas, que son contratadas por un periodo medio de cinco meses al año, lo que impulsa la economía de la región.
Proyectos de investigación y desarrollo (I+D)
CTJL invierte entre 3,5 y 4 millones de reales al año en proyectos de investigación y desarrollo, con el objetivo de promover y posibilitar el ciclo completo de la cadena de investigación, desarrollo e innovación.
De este modo, se crean equipamientos y se mejora la prestación de servicios que contribuyen a la seguridad del suministro eléctrico, a unas tarifas bajas, a la reducción del impacto ambiental del sector y a la disminución de la dependencia tecnológica del país.
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